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jueves, 23 de marzo de 2017

Electricaribe, obligado a ceder



Tras varias décadas que la región caribe tuvo que soportar por un mal servicio energético, la constitución de 1991 abre la oportunidad para que el sector privado pueda de manera directa no solamente invertir sino también administrar este tipo de servicios públicos que son prioritarios, permitiendo que una empresa española llamada electrificadora del caribe filial de Gas Natural Fenosa, pueda tener el control de este servicio público.
Sin desconocer que antes de su llegada ya existía descontento con la población, la electrificadora no se alejó tanto de aquellos inconvenientes persistiendo el mal estado de la infraestructura, los cableados eléctricos y los cobros excesivos a los usuarios.
Muchas protestas se han tenido que presenciar en contra de esta empresa que de manera inesperada basándose en “los efectos colaterales” que a su paso dejo el fenómeno del niño hace cuatro años argumentan que las fallas en el servicio eran irremediables y que la carga le correspondía a toda la población en general poniendo en marcha la campaña del gobierno central “apagar paga” justificando de esta manera los cobros millonarios que le hacían a personas de estrato 1 y 2 que escasamente consiguen para comer.
Como es posible que con tanto dinero que se recauda en una empresa de este nivel, no puedan mantener un servicio óptimo de energía, por Dios en qué país vivimos.
La historia no termina aquí, porque gracias a la alianza generada por los gobernadores de los departamentos que contemplan la región caribe se logró intervenir a la empresa energética a partir del año 2016 en cabeza del superintendente José Miguel Mendoza que afirmó “no está en condiciones para prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requiere” dicho comunicado salió a la luz pública el 14 de marzo de 2017 cuatro meses después que dieran inicio a la intervención.
Pero ahora que la decisión está tomada, quedando el cupo libre para tener un nuevo administrador la costa exige que este tipo de intervenciones no se realicen únicamente cuando se amenacen los derechos colectivos sino que se inicie la nueva contratación con una intervención permanente hasta que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios determine que puede administrar sin contratiempos, mientras tanto los usuarios seguirán padeciendo todos los pormenores que genera este mal servicio.



Autor: Richard Ruiz 
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3 comentarios:

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