Tras varias décadas que la región caribe tuvo
que soportar por un mal servicio energético, la constitución de 1991 abre la
oportunidad para que el sector privado pueda de manera directa no solamente
invertir sino también administrar este tipo de servicios públicos que son
prioritarios, permitiendo que una empresa española llamada electrificadora del
caribe filial de Gas Natural Fenosa, pueda tener el control de este servicio
público.
Sin desconocer que antes de su llegada ya
existía descontento con la población, la electrificadora no se alejó tanto de
aquellos inconvenientes persistiendo el mal estado de la infraestructura, los
cableados eléctricos y los cobros excesivos a los usuarios.
Muchas protestas se han tenido que presenciar
en contra de esta empresa que de manera inesperada basándose en “los efectos
colaterales” que a su paso dejo el fenómeno del niño hace cuatro años
argumentan que las fallas en el servicio eran irremediables y que la carga le
correspondía a toda la población en general poniendo en marcha la campaña del
gobierno central “apagar paga” justificando de esta manera los cobros
millonarios que le hacían a personas de estrato 1 y 2 que escasamente consiguen
para comer.
Como es posible que con tanto dinero que se
recauda en una empresa de este nivel, no puedan mantener un servicio óptimo de
energía, por Dios en qué país vivimos.
La historia no termina aquí, porque gracias a
la alianza generada por los gobernadores de los departamentos que contemplan la
región caribe se logró intervenir a la empresa energética a partir del año 2016
en cabeza del superintendente José Miguel Mendoza que afirmó “no está en
condiciones para prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad
que se requiere” dicho comunicado salió a la luz pública el 14 de marzo de 2017
cuatro meses después que dieran inicio a la intervención.
Pero ahora que la decisión está tomada,
quedando el cupo libre para tener un nuevo administrador la costa exige que
este tipo de intervenciones no se realicen únicamente cuando se amenacen los
derechos colectivos sino que se inicie la nueva contratación con una
intervención permanente hasta que la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios determine que puede administrar sin contratiempos, mientras tanto
los usuarios seguirán padeciendo todos los pormenores que genera este mal
servicio.
Autor: Richard Ruiz









Así es una realidad dura pero cierta, se han dado varias oportunidades y no la han aprovechado.
ResponderBorrarBuen artículo
ResponderBorrartambien puedes darnos tu punto de vista
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